JORGE SALIDO COBO en EL MUNDO
La eficiencia energética es sin duda una de las grandes asignaturas
pendientes, si no la principal, en el mercado de la vivienda. Sobre
todo, en el escaparate de la segunda mano. Ni vendedores (particulares)
ni compradores suelen dar importancia a la calificación de un inmueble
pese a que afecta, y mucho, a sus bolsillos. Para los primeros, una casa
de bajo consumo se traduce en un mayor valor del activo, mientras para
los segundos puede suponer un gran ahorro.
Por el momento,
de poco parecen servir las medidas de los diferentes gobiernos para cumplir con una directiva comunitaria. Ni el Código Técnico de Edificación (CTE) para nuevas construcciones, en vigor
desde 2007, ni la etiqueta energética necesaria para comercializar viviendas,
obligatoria desde 2013,
están calando en la calle. El Objetivo Europeo 20-20-20 para 2020
(reducir un 20% el consumo de energía de los edificios, minimizar un 20%
sus emisiones de CO2 y potenciar las renovables hasta aportar un 20% de
la energía) se antoja difícil de cumplir.
Tanto el CTE como el certificado estaban llamados a marcar las
diferencias entre las casas eficientes e ineficientes y, lo más
importante,
a concienciar al ciudadano de que aunque en apariencia se
trate de un producto parecido, energéticamente no tienen nada que ver.
Sin embargo, la etiqueta energética aún juega un papel secundario en el
mercado inmobiliario.
Todo lo contrario de lo que ocurre con los electrodomésticos,
aunque quizá el mejor ejemplo sea el sector del automóvil.
Al adquirir
un coche siempre se pregunta por su consumo, mientras que al comprar un
piso muy pocos lo hacen.
El hecho de ignorar la capacidad energética de las casas choca más aún en un país como
España, donde gran parte del parque residencial es muy deficiente por
su elevada edad. De 26 millones de casas españolas, 15 tienen una
antigüedad superior a 30 años y otros seis millones se edificaron hace
más de medio siglo.
Esta
cruda realidad energética ha salido a la luz
con la tramitación de los certificados de casas para su venta o
alquiler. Tinsa Certify ha hecho una radiografía en base a su muestra.
Hasta el 43% de las etiquetas cursadas por esta firma (más de 40.000) ha dado como resultado la
letra G, la menor calificación, mientras que otro 14% ha obtenido la F y el 36,9% la E.
Apenas un 5% de las casas logra etiquetas A, B, C o D.
"España no destaca por su conciencia ecológica", responde Luis Cañada, coordinador de Tinsa Certify,
a la pregunta de por qué el comprador y el arrendador de viviendas
suelen ignorar el factor de la eficiencia. Recuerda que España
estableció la etiqueta energética en 2013,
el vigesimosexto país en
hacerlo de los 27 de la Unión Europea y 11 años después que lo hiciera
Alemania. En su opinión, la puesta en marcha del certificado no ha sido
la más adecuada.
"El ciudadano ha percibido la etiqueta como un nuevo impuesto, por lo que no se ha concienciado de las ventajas económicas del ahorro energético", lamenta.
Tinsa Certify
ha hecho una estimación del gasto anual en energía "necesaria para
garantizar un nivel de confort medio" según la clasificación energética
de la vivienda.
Mientras que alimentar energéticamente una casa G cuesta 2.500 euros al año, abastecer una vivienda A supone 200.
Este cálculo se hace sobre un piso en Madrid capital de 100 metros
cuadrados útiles con una antigüedad próxima a 50 años. La cuantía en el
caso de un inmueble E, calificación que no es difícil de alcanzar,
asciende a los 1.200 euros anuales. Desde Tinsa Certify se insiste en
que con una moderada inversión puede mejorarse de modo importante la
eficiencia de las casas y lograrse importantes ahorros, con los que se
amortizaría en pocos años el pago para la mejora.
La compañía iEnergy ha elaborado para este suplemento una simulación
de cómo un piso en planta intermedia en un bloque de vivienda colectiva
en Madrid de 90 metros cuadrados con etiqueta G puede convertirse en
una letra B [
Ver gráfico]. Bastaría con mejorar la
envolvente (invirtiendo 6.800 euros) o las
instalaciones (4.800
euros) para que escalara a una calificación E. Realizando las dos
actuaciones conjuntamente, la casa llegaría a la D. Es decir, con una
inversión de 11.600 euros se ahorrarían 1.675 euros al año. Esta misma casa podría llegar incluso a rozar la máxima eficiencia si se le dota de
energías renovables.
Por un coste añadido de en torno a 5.000 euros subiría incluso a una
etiqueta B, con lo que rebajaría hasta en un 88% sus emisiones de CO2
respecto a su estado (G).
Desde iEnergy explican que
en la vivienda usada resulta casi una utopía la letra A,
objetivo que se podría lograr con la instalación de una caldera de
biomasa y que resulta muy complicado en edificios antiguos por la falta
de espacio para su ubicación. Por ello, la máxima calificación parece
quedar reservada a la obra nueva.
Por otro lado, Cañada apunta que, más allá del ahorro,
"el valor del
inmueble termina ajustándose a la baja en viviendas poco eficientes y al
alza en las más eficientes". Cree que "es necesario valorar el coste
energético con mayor realismo y considerarlo al comprar o alquilar".
Para que se dé un cambio de mentalidad, aboga por
"campañas de concienciación", previas a un cambio en la legislación, en las que se informe del ahorro y de la necesidad de reducir emisiones contaminantes.
Incentivos fiscales
"Es cierto que el CTE obliga a una alta eficiencia a los nuevos
proyectos (A o B), pero respecto al parque de viviendas existente,
desgraciadamente, no hay (ni está prevista) ninguna normativa para
motivar su renovación", avisa Cañada, quien abogaría por
incentivar el ahorro energético vía fiscal. "La diferencia impositiva en función de la calificación contribuiría a la inmediata percepción por el contribuyente", dice.
Según los expertos, estos acicates fiscales podrían plasmarse, por ejemplo, por parte de los Ayuntamientos, en una
rebaja en el recibo del IBI en proporción a las emisiones contaminantes, como ya se hace con los coches en el impuesto de circulación.
En el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), dependiente
del Ministerio de Industria, son conscientes de que la tributación
representa "una herramienta óptima" para potenciar la eficiencia, pero
puntualizan que impulsar una medida en este sentido no es sencillo. «La
fiscalidad que recae sobre una vivienda es competencia de tres
administraciones (estatal, autonómica y local), por lo que cada una sólo
puede actuar sobre una parte», explican fuentes del Idae.
Con el actual panorama en cuanto información, leyes e incentivos, no
es de extrañar que
la eficiencia energética sea un factor subestimado
por la oferta y demanda de vivienda. "Aún no hay una cultura en este
tema y
tanto compradores como vendedores ven el certificado como un mero trámite. Existe un desconocimiento general sobre la información que proporciona y para qué sirve", declara Eva de Miguel, agente asociado de la red inmobiliaria RE/MAX.
"Nadie o casi nadie", añade, "pregunta en las visitas a un piso por su
consumo". De Miguel confirma que tampoco se aplica un parámetro
corrector de precios de venta según la calificación de la casa.
El pasotismo respecto a la eficiencia también tiene su eco en el alquiler. "Pocos son los inquilinos que preguntan por la calificación al arrendar. Su mayor preocupación es la renta", asegura David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro.
Desde esta firma, no obstante, sí que se tiene en cuenta la etiqueta
energética a la hora de establecer el precio de la rentas. "Es una
variable más como la ubicación, la orientación, la tipología, etc.",
aclara.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia el
desconocimiento sobre la importancia de la sostenibilidad en las
viviendas. "Debería ser un criterio tan importante como los
equipamientos y entendemos que la Administración tendría que hacer un
mayor esfuerzo en la difusión de sus ventajas.
Fomentar el ahorro y la eficiencia en los hogares tendría que ser uno de los ejes de la política energética", indica
Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, que desliza que "hay muchos intereses en lo contrario".
Izverniceanu cree que "siempre se puede hacer más". "Hasta ahora, las
políticas sobre eficiencia han sido muy tímidas. Se necesitan acciones
más firmes, como mejorar la coordinación entre las administraciones
autonómicas y sus planes renove", propone. "Además", comenta, "al igual que hay un Plan Pive para estimular la compra de coches y reducir la antigüedad del parque móvil,
habría que impulsar planes para promover la mejora energética de los
edificios con una dotación económica y coordinación similares".
Promotores mentalizados
Aludiendo también al sector del automóvil, Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima),
cree que
"igual que un coche que contamina menos paga menos impuestos,
la construcción más eficiente debería ser bonificada". "No se incentiva
nada la edificación sostenible", lamenta. Para Gómez-Pintado,
"la eficiencia y la vivienda deben ser inseparables por la alta dependencia energética de España, el respeto medioambiental y el ahorro que conlleva para el usuario".
Para potenciar la sostenibilidad en el parque residencial, el presidente de Asprima pide
que la Administración sea menos restrictiva
con el diseño y la ubicación de los proyectos. El máximo responsable de
los promotores madrileños también corrobora que el comprador de un piso
nuevo aún no da importancia al grado de calificación energética: "Tiene
una visión cortoplacista y le importa más el precio de adquisición que
el ahorro que va a tener de por vida".
Gómez-Pintado reconoce que poco a poco los promotores se van
mentalizando de la importancia de construir viviendas más sostenibles y
da por hecho que
"es una cuestión de tiempo que sea obligatorio". "Sinceramente, creo que
la eficiencia es la única vía para edificar. Es imprescindible potenciarla, empezando desde la Administración, la empresa y la sociedad en su conjunto", considera.
fuente: http://www.elmundo.es/economia/2015/03/13/5501ede7e2704e78348b4575.html
