Las certificaciones energéticas de edificios dicen que más del 95%
del parque de 25 millones de viviendas necesita actuaciones de
eficiencia energética por tener una calificación entre las letras D y G.
Si se tiene en cuenta que entre la calificación más alta, la A, y la
más baja, la G, hay una diferencia del 80% en el consumo de energía y
que los costes energéticos van a seguir incrementándose, el parque de viviendas tiene una hipoteca energética tan significativa como la financiera y crece a lo largo de la vida útil de la vivienda.
La mayor parte del parque se edificó sin obligación de eficiencia y
con el mayor uso de combustibles fósiles, pero las directivas europeas
han acabado con un modelo caro e insostenible. A la hipoteca energética
de los hogares se añade la hipoteca que para España supone dedicar cada año el 5% del PIB a pagar las importaciones de gas y petróleo.
Las casas representan el 18,6% del consumo energético nacional. Eso
significa que con una eficiencia del 50% podría ahorrarse 5.000 millones
de euros al año y, con una eficiencia del 80%, hasta 8.000. Cifras
conservadoras teniendo en cuenta el potencial de ahorro en el sector
residencial y que hacen de la rehabilitación uno de los motores de la
industria, la innovación tecnológica y el empleo.
La crisis ha cambiado al consumidor, que antes ni siquiera sabía lo
que pagaba de luz y ahora le agobia el coste de la energía. La extensión
de la pobreza energética es el resultado de no haber alentado ni una sola política de protección a los consumidores.
La Comunicación de la CE sobre la Unión Energética mencionaba la
eficiencia como la mejor protección para el usuario a través del
autoconsumo y contadores inteligentes. Nada más lejos de la reforma
energética emprendida en España, que ha lanzado el mensaje más negativo
sobre el ahorro con la subida del 100% en el término fijo de potencia de
la factura energética.
La energía forma parte del valor de la vivienda y la calificación energética puede suponer su revalorización hasta en un 14%.
La mayor parte de las inversiones en ahorro de energía son de coste
cero o por debajo de lo que cuestan los combustibles fósiles.
Faltan
señales de precio a través de la política energética y fiscal que hagan
accesible la financiación a los consumidores y un modelo energético que
les reconozca su derecho a elegir la energía que quieren consumir.
Escrito por JAVIER GARCÍA BREVA para El Mundo
Es experto en energía, presidente de N2E y ex director general del Idae.
fuente: http://www.elmundo.es/economia/2015/03/13/5501e104e2704e19388b4571.html
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